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La Unión Europea ha adoptado el vigésimo paquete de sanciones, que introduce nuevas restricciones en los sectores energético, financiero, comercial y de defensa, incluida la inclusión de más de 120 nuevas personas físicas y jurídicas en la lista de sujetos sancionados. El paquete va dirigido contra los operadores del sector petrolero ruso, incluidos los vinculados a la llamada "flota fantasma", y amplía la lista de buques sujetos a restricciones por lo que se refiere a su entrada en puertos y la prestación de servicios a los mismos. Otras medidas adicionales afectan a las actividades marítimas, como es el caso de la introducción de medidas de diligencia obligatorias previas la venta de buques tanque y restricciones con respecto a infraestructuras de gas natural licuado.

En el sector financiero, la UE ha prohibido la realización de operaciones con varios bancos rusos y con ciertas instituciones financieras no pertenecientes a la UE y ha introducido nuevas restricciones relacionadas con el uso de cripto-activos en transacciones en las que concurra algún elemento ruso. El paquete también amplía el control de exportaciones y las listas de sanciones contra organizaciones que participan en el complejo militar-industrial ruso, incluidas empresas ubicadas en terceros países.

Como medidas adicionales se amplían las restricciones comerciales y se refuerzan los instrumentos para combatir la elusión de sanciones. En particular, la UE ha introducido limitaciones selectivas a la exportación de determinados productos de alto riesgo hacia Kirguistán, así como medidas de control más amplias sobre ciertos productos, especialmente cuando exista riesgo de reexportación a Rusia. En concreto, estas disposiciones afectan a:

• equipos industriales (por ejemplo, máquinas herramienta para trabajar metales, maquinaria pesada, incluidos tractores, y artículos de caucho vulcanizado);
• productos científico-técnicos (incluido material de laboratorio, aditivos químicos como lubricantes de alto rendimiento y ciertos materiales de alto consumo energético);
• equipos tecnológicos y de telecomunicaciones (incluidas emisoras de radio comerciales y componentes electrónicos crítiсamente importantes),

El paquete amplía, a su vez, el régimen sancionador de la UE mediante prohibiciones de importación y exportación, así como a través de medidas relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual y los servicios de ciberseguridad. En concreto, la UE pretende reducir los riesgos de uso no retribuido o de expropiación de propiedad intelectual en Rusia, incluso aunque dichas acciones tengan lugar en virtud de acciones judiciales o administrativas a nivel local, siempre que afecten a los derechos de titulares extranjeros. Las nuevas medidas establecen asimismo las bases para restringir las relaciones comerciales con terceros países que participen en la ejecución de reclamaciones judiciales rusas, así como para incluir en las listas de personas sancionadas a empresas que se beneficien de la gestión temporal o la expropiación de activos o del uso de propiedad intelectual cuyos titulares sean residentes en la UE, en el marco del régimen contra-sancionador ruso. Paralelamente, se han definido con mayor precisión las premisas que permiten a las empresas de la UE reclamar indemnizaciones ante los tribunales de la UE por pérdidas derivadas de dichas reclamaciones.


En el marco de la sesión celebrada el 24 de abril de 2026, el Banco de Rusia acordó reducir el tipo de interés de referencia hasta el 14,5 % anual, tras las modificaciones a la baja efectuadas con anterioridad, que lo situaron en el 15,0 % en marzo de 2026 y en el 15,5 % en febrero de 2026.

Dicha reducción constituye la octava disminución consecutiva desde el inicio del actual ciclo de flexibilización monetaria en junio de 2025, momento en el cual el tipo de referencia era del 21 %.

De conformidad con el comunicado oficial emitido por el Banco de Rusia, la economía rusa evoluciona hacia un crecimiento más equilibrado, si bien persisten tensiones inflacionarias que requieren monitoreo continuo.

Las futuras decisiones relativas al tipo de interés de referencia quedarán sujetas a la evolución de las proyecciones inflacionarias, las expectativas de inflación y la dinámica de la demanda interna. El Consejo de Dirección del Banco de Rusia tiene previsto celebrar la próxima reunión destinada a la determinación del tipo clave el día 19 de junio de 2026.


El Gobierno de la Federación de Rusia ha presentado ante la Duma Estatal un proyecto de ley que introduce requisitos más rigurosos para los migrantes laborales y sus empleadores, con especial atención a los especialistas extranjeros altamente cualificados (EAC).

El proyecto de ley prevé un incremento sustancial del umbral salarial mínimo para la mayoría de los EAC, elevándolo a 717 000 rublos mensuales, con actualización anual mediante un mecanismo de indexación basado en el crecimiento del salario medio. Asimismo, se establece un procedimiento de verificación automática de los ingresos de los trabajadores extranjeros a través de las autoridades fiscales.

Conforme al procedimiento legislativo vigente en la Federación de Rusia, el proyecto de ley deberá superar tres lecturas en la Duma Estatal, tras lo cual podrá ser aprobado por el Consejo de la Federación y sancionado por el Presidente. En el estado actual del trámite parlamentario, el proyecto de ley ha superado su primera lectura en la Duma Estatal.

Se prevé que la mayoría de las disposiciones modificadas entren en vigor el 1 de enero de 2027, si bien los nuevos umbrales salariales para los especialistas extranjeros altamente cualificados podrían aplicarse con carácter anticipado, a partir del 1 de septiembre de 2026.


El 8 de marzo de 2026, el Presidente de la Federación de Rusia promulgó las modificaciones introducidas en la Ley Federal n.º 57-FZ¹, las cuales revisan sustancialmente el régimen jurídico de las inversiones extranjeras en empresas de importancia estratégica. Las enmiendas afectan principalmente a sectores como el subsuelo (actividades de extracción de recursos minerales) y la pesca, y entrarán en vigor en el plazo de los 90 días siguientes a su fecha de publicación oficial, si bien determinadas disposiciones surtirán efectos inmediatos a partir de dicha publicación.

Las modificaciones amplían el concepto de «inversor extranjero», incluyendo a aquellas organizaciones controladas por un círculo más extenso de personas, y completan el catálogo de actividades estratégicas mediante la incorporación de nuevas operaciones mineras y ciertas modalidades empresariales vinculadas al sector pesquero. Asimismo, se establecen nuevas categorías de organizaciones estratégicas, entre las que se incluyen algunas entidades sin ánimo de lucro y compañías titulares de licencias estratégicas, aun en aquellos supuestos en que aún no hayan iniciado sus operaciones.

La reforma intensifica el control regulatorio mediante la ampliación del ámbito de las transacciones sujetas a autorización previa por parte del Estado, así como a través de la introducción de obligaciones adicionales de notificación y deberes de transparencia informativa, incluyendo la declaración de beneficiarios finales y personas que ejercen el control. Se podrá exigir asimismo a los inversores extranjeros existentes que acrediten o reestructuren sus participaciones en determinados sectores, particularmente en el ámbito pesquero.

En conjunto, las enmiendas reflejan un progresivo fortalecimiento del control estatal sobre la participación extranjera en sectores industriales clave, así como mayores exigencias en materia de transparencia y una extensión del ámbito objeto de regulación.


El Gobierno de la Federación de Rusia ha presentado un proyecto de ley que introduce la obligatoriedad del sello electrónico para determinadas categorías de bienes transportados por carretera y ferrocarril dentro del territorio ruso. Dicha obligación será aplicable tanto a las cargas de importación como a las de tránsito, y se prevé que el nuevo régimen entre en vigor a partir del 1 de marzo de 2027.

Conforme al texto del proyecto de ley propuesto, los transportes incluidos en su ámbito de aplicación deberán ir provistos de dispositivos electrónicos de localización y seguimiento que cumplan con las normas de la Unión Económica Euroasiática (UEEA). La lista concreta de mercancías afectadas, las excepciones aplicables y los puntos de precintado serán determinados mediante disposiciones reglamentarias de rango inferior, cuya publicación se prevé en noviembre de 2026. El régimen no resultará de aplicación cuando los transportes ya estén siendo objeto de seguimiento en el marco del sistema vigente de sellos electrónicos de la UEEA.

Desde una perspectiva práctica, la diferencia fundamental con el sistema ya existente de sellos electrónicos de la UEEA radica en el ámbito de aplicación y en la flexibilidad normativa. Mientras que el sistema de la UEEA se aplica a una lista predeterminada de mercancías de alto riesgo (tales como tabaco y alcohol), el mecanismo propuesto por Rusia permitirá a las autoridades nacionales extender los requisitos de seguimiento a categorías adicionales de mercancías a nivel interno, lo que podría incrementar tanto la carga administrativa como la carga financiera para los agentes del mercado.


El 27 de abril de 2026 fue promulgada y publicada oficialmente la Ley Federal n.º 104-FZ, de 25 de abril de 2026, que introduce ajustes de gran alcance en el Código Tributario de la Federación de Rusia. Dichas modificaciones tienen por objeto fomentar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (PYME) y atenuar la transición al nuevo régimen fiscal introducido en 2026.

Conforme a la ley, los sujetos pertenecientes al segmento de las PYME podrán acumular los ingresos procedentes de múltiples actividades sujetas a beneficios fiscales a efectos de cumplir con el umbral del 70 % del tipo de ingresos de que se trate, en tanto requisito necesario para beneficiarse de tipos reducidos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Asimismo, se autoriza a las empresas del sector manufacturero a aplicar el tipo reducido incluso en algunos supuestos en que no lleguen a cumplir dicha condición.

Para las pequeñas empresas que, en el ejercicio de 2026, hayan comenzado a liquidar el impuesto sobre el valor añadido (IVA), así como para los empresarios que hayan perdido el derecho a acogerse al régimen de patentes (PSN)², se establece un período transitorio especial. Dichos sujetos tendrán derecho a deducir el IVA soportado respecto a los bienes adquiridos mientras se hallaban sujetos al régimen anterior y, en determinados casos, podrán no devengar el IVA sobre los anticipos recibidos con anterioridad a 2026.


Los órganos tributarios han iniciado una campaña de alcance masivo contra la optimización fiscal ilícita en la pequeña empresa. Los empresarios están recibiendo de manera masiva notificaciones sobre la existencia de indicios de infracción tributaria o citaciones para comparecer y prestar declaraciones explicativas, tratándose en la mayoría de los casos de fragmentación empresarial artificial³. En algunos supuestos, las advertencias sobre riesgos de división empresarial ilícita han afectado incluso a empresarios individuales (IP) recientemente constituidos que aún no habían iniciado una actividad empresarial efectiva. La campaña tiene cobertura federal y ha afectado a negocios en Moscú, Kazán, Ekaterimburgo, Crimea, el Territorio de Altái y otras regiones.

La causa principal del endurecimiento del control radica en las modificaciones tributarias introducidas a partir de 2026, que han supuesto un incremento significativo de carga fiscal: el umbral de ingresos para la aplicación del régimen de patentes (PSN) se ha reducido a 20 millones de rublos, mientras que en varias regiones el ingreso anual potencialmente computable para la obtención de la patente se ha multiplicado por 10 o más. Paralelamente, han pasado a ser contribuyentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aquellos empresarios individuales y sociedades cuyos ingresos superen los 20 millones de rublos (en lugar de los 60 millones anteriores). Muchos empresarios que previamente se acogían al régimen de patentes se han visto forzados a migrar al régimen fiscal simplificado (USN)⁴, lo que ha sido objeto de un control fiscal reforzado.

El control preventivo se lleva a cabo sin inspecciones in situ — el sistema analiza automáticamente indicadores formales: vinculación o interdependencia (parentesco, historial laboral compartido), utilización de recursos y marca comunes, así como ausencia de autonomía por parte de los sujetos individualmente considerados. Los datos se obtienen del sistema automatizado de control del IVA, de los operadores de datos fiscales, de los registros civiles y de las bases de datos de contratos laborales. Las notificaciones se emiten ya en el primer trimestre, antes de la conclusión del período fiscal, y los requerimientos pueden afectar incluso a empresarios individuales ya dados de baja.


Desde abril de 2026 ha comenzado a operar en régimen de prueba el Sistema de Confirmación de la Expectativa de Mercancías (SPOT, de acuerdo con sus siglas en ruso), que afectará a todos los importadores y transportistas que entreguen mercancías por carretera procedentes de los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA): Kazajistán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. El lanzamiento plenamente operativo del sistema está previsto para el 1 de junio de 2026. La finalidad del SPOT es reducir las importaciones «en gris» y desarticular los esquemas mediante los cuales algunas mercancías se introducen a nombre de importadores no operativos, con la subsiguiente comercialización de aquellas sin el pago de los correspondientes impuestos, utilizando contribuyentes acogidos al régimen fiscal simplificado (USN).

Con dos días naturales de antelación a la fecha de cruce de la frontera, el importador deberá presentar en Hacienda el «Documento de Suministro Previsto» (DOPP) y efectuar un depósito de garantía por el importe del IVA estimado y, si procede, de los impuestos especiales. La autoridad tributaria verifica el documento y expide un código QR, que será transmitido al transportista. En ausencia de dicho código QR, la aduana prohibirá el despacho de la mercancía. El sistema no será de aplicación a las mercancías procedentes de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, ni al petróleo, la electricidad, los bienes para uso personal ni a otras exenciones expresamente previstas.

A partir del 1 de junio de 2026, quedará prohibido cualquier despacho aduanero sin la presentación del DOPP y del correspondiente código QR. El documento deberá presentarse para cada partida de manera individual, incluso en casos de suministro parcial. Se prevé la introducción de sanciones por la falta de presentación del DOPP en el Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia (KoAP RF). El depósito de garantía no será exigible a grandes contribuyentes, a los participantes del régimen de monitoreo fiscal⁵, a los operadores económicos autorizados (OEA), ni en los supuestos de tránsito o de importación dentro de territorios de zonas económicas especiales (ZEE).

Se recomienda presentar el DOPP a través de operadores de intercambio electrónico de datos (EDO). A partir del 1 de mayo, la presentación será obligatoria y, antes del 1 de junio deberá garantizarse que para cada suministro procedente de la UEEA el transportista disponga del código QR. Se aconseja revisar las cadenas logísticas, modificar los contratos con contrapartes y transportistas, así como incluir el depósito de garantía en la planificación financiera.


Los órganos aduaneros han procedido a exigir a los importadores el pago de aranceles incrementados sobre productos fabricados en Estados considerados «hostiles», incluso cuando dichas mercancías hayan sido adquiridas e importadas desde países miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA). Hasta ahora estaba en vigor una carta del Servicio Federal de Aduanas (FTS) que eximía de dichos recargos a aquellas mercancías que hubieran adquirido el estatus de «mercancía de la unión». La nueva interpretación emitida por el FTS deroga de facto dicho beneficio arancelario.

A este respecto, cabe señalar que las normas recientemente introducidas han elevado los tipos de los aranceles de importación aplicables a determinadas mercancías originarias de Estados «hostiles» en un rango que oscila entre el 15% y el 50% (en función de la categoría del producto) hasta finales de 2027.

Se encuentran en situación de riesgo de liquidaciones adicionales productos como cosméticos, prendas de vestir, perfumería, bebidas alcohólicas y otros bienes de consumo cotidiano importados a través de la UEEA. A modo de ejemplo, para un perfume de origen francés, el arancel base es del 6,5%, mientras que el arancel incrementado asciende al 20%; en el caso de una barra de labios, el arancel ha pasado del 6,5% al 35%.

Dichas liquidaciones complementarias contravienen las normas fundamentales de la Unión, conforme a las cuales el arancel se satisface una única vez en el momento de la importación para consumo interno. Aunque en determinados casos las empresas han logrado recuperar por vía judicial las cantidades abonadas en concepto de aranceles aduaneros adicionales, la jurisprudencia en esta categoría de litigios es heterogénea y se incrementa la inseguridad jurídica.

En un contexto en el que las autoridades aduaneras actúan para combatir los esquemas destinados a eludir el régimen anti-sancionador, resultan sin embargo afectadas también aquellas empresas que durante años han operado legítimamente a través de centros de importación en los países de la UEE.

Ante este escenario de incertidumbre, algunas empresas han comenzado a revisar su surtido de productos o modificar su logística de importación.